Derrames de Petróleo en la Amazonia Peruana
Se estima que son 87 370 el número de barriles de petróleo que se han derramado en todo el Perú entre 1997 y 2021, según Oxfam y la CNDDHH; y más de 470 derrames petroleros afectaron la Amazonía Peruana entre los años 2000 y 2019.
Para entender qué está ocurriendo realmente dentro de los lotes petroleros y el Oleoducto Norperuano, es necesario ir más allá de las suposiciones, de los discursos que arremeten de manera infundada contra las comunidades y de aquellos que buscan negar por completo la existencia de cortes realizados intencionalmente en los ductos.
“Es crucial remitirnos a la información de los entes fiscalizadores del Estado como el OSINERGMIN y el OEFA porque ayuda a comprender la problemática. La información proporcionada por dichas entidades demuestra que, contrariamente al imaginario que se ha cristalizado y a los discursos de los gremios petroleros, la responsabilidad sobre la gran mayoría de derrames en la Amazonía recae sobre las operadoras”, señala Aymara León, autora del estudio.
Al respecto, de acuerdo con el Informe Final de la Comisión Investigadora sobre Derrames en el Oleoducto Norperuano del Congreso de la República, presentado en el pleno el 2019, no existe evidencia para responsabilizar a comunidades nativas por derrames en el Oleoducto.
Lo que sí hay, según dicho informe, son indicios de posible colusión entre Petroperú y empresas remediadoras, en donde pocas empresas, con lazos de amistad, u otros, monopolizan el mercado de remediación ambiental y ganan licitaciones a dedo.
Fuente: https://earthrights.org/
Prácticamente dos de cada tres (65,4 %) vertidos de petróleo acontecidos desde el año 2000 en la Amazonía peruana se debieron a corrosión, fallas operativas o condiciones inseguras de las instalaciones, según el estudio.
El 28,8 % fue producto de la acción humana, entre ellas acciones deliberadas como sabotajes o atentados por parte de personas ajenas a las instalaciones, y apenas el 5,8 % se debió a causas naturales.
Sin embargo, el porcentaje de fallas operativas y de mantenimiento sube hasta el 81 % en el caso específico del Lote 192, cuya extensión llega hasta la frontera de Perú con Ecuador.
En ese yacimiento hay detectados casi 1.200 puntos impactados por la contaminación producida por la actividad petrolera que están pendientes de ser descontaminados y cuya superficie equivale a unas 36,5 hectáreas, lo que requeriría unos 24.000 camiones para extraer la superficie afectada.
Descontaminación muy cara
Sin embargo, el coste para descontaminarlos es muy grande ya que se ha calculado que harán falta más de 650 millones de soles (unos 182 millones de dólares) para remediar una lista de 32 puntos que han sido catalogados como los más urgentes.
Las empresas no están aplicando las mejores técnicas de remediación, un proceso que no garantiza siempre volver al estado anterior de los daños, pues el uso de estas tecnologías puede causar incluso más daño en los sitios impactados.
Archivo. Trabajadores limpian un derrame de petróleo en la amazonia peruana.EFE/Onias Flores
Fuente: https://efeverde.com/
Chiriaco I: Anatomía de un derrame
Los derrames de petróleo transforman el modo de vida de las comunidades en dos niveles. La transformación más inmediata y evidente la produce la contaminación. Los recursos básicos –agua, alimento y negocio– y también sus actividades recreacionales y educativas son trastocadas: con los derrames, las comunidades ya no pueden beber agua, lavar sus ropas, regar sus plantas o vender el pescado. Su subsistencia queda relegada al aporte que los propios responsables –es decir, las empresas petroleras– les den. Al mismo también, la presencia de la industria ha transformado la economía tradicional de las comunidades indígenas.
Vale la pena volver a observar en detalle lo ocurrido en Chiriaco porque es un caso en el que convergen rasgos representativos de los derrames en tres momentos: antes, durante y después del daño. En el primer momento, se muestran los bajos niveles con que opera la industria en la Amazonía y su precaria eficiencia para actuar cuando ocurren los derrames. En el segundo, destaca el tardío y disperso performance del Estado al momento de limpiar el ecosistema y reparar a los afectados. Y en el tercero momento se muestra que, pasada la presión mediática, los compromisos estatales se olvidan.
Rodrigo Lazo es un antropólogo que estudia a las comunidades awajún del departamento de Amazonas hace más de cinco años y estuvo en Chiriaco nueve días después del derrame. De su observación, dejó una detallada cronología del antes, durante y después del derrame.
26 de enero. Petroperú publica un primer comunicado donde arroja dos datos falsos: que el derrame no había alcanzado cuerpos de agua y que ya estaba controlado. La información fue recogida y difundida por RPP sin ninguna verificación de por medio. A los pocos días, el 29 de enero, salen a la luz las primeras pruebas en video y foto que desmienten esta información.
28 de enero. Las primeras medidas para remediar el daño ambiental de Petroperú consisten en contratar comuneros y dotarlos de un equipo precario. En la foto se ve a los comuneros usando baldes de plástico para extraer el petróleo.
8 de febrero. Primera confrontación entre autoridades de Petroperú y el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien sostiene que los daños ambientales se deben a desperfectos en el Oleoducto Norperuano. Petroperú lo desmiente, pero la información oficial le da la razón a Pulgar Vidal.
9 de febrero. Las lluvias producen el desembalse de los 2 mil barriles que estaban retenidos por las barreras industriales y artesanales de Petroperú en la quebrada de Imayo, donde estaban trabajando los equipos de limpieza. Según el OEFA, tras el desembalse el petróleo ingresó al río Chiriaco por al menos 4 das sin que los ingenieros de Petroperú intervengan. La cantidad de petróleo podía teñir por 1.5 metros toda la ribera del Chiriaco. Sobre este incidente, el Estado de Emergencia determinaría que solo fueron 10 los barriles desembalsados por las lluvias.
De acuerdo al apu Lucio Roca de la comunidad de Wachapea, alrededor de 80 niños del colegio Fe y Alegría trabajaron en el recojo de petróleo en baldes. La entrada del colegio estaba cubierta de crudo seco. Entre 4 y 6 comunidades reportaron situaciones similares.
12 de febrero. El Ministerio de Agricultura y Riego a través del ingeniero Luis Núñez realizó un tazado de las daños a las granjas en el que solo se reconoció a los propietarios mestizos. Al respecto, Lazo dijo lo siguiente: “La deficiencia de los criterios del sector Agricultura para identificar las formas de producción y los productos de la población awajún vulneran peligrosamente sus derechos y sus recursos para sobrellevar la tragedia ambiental”.
13 y 14 de febrero. Apareció la portada de El Comercio denunciando el derrame y el primer reportaje de la serie de tres que publica Cuarto Poder. Se inició lo que los comuneros llamaron “el turismo institucional de la tragedia”: autoridades de distintos rangos y sectores visitaron la zona y prometieron medidas que, más que obedecer a una dirección técnica, eran respuestas políticas.
16 de febrero. El OEFA notificó a Petroperú que el derrame era un problema sistémico producido por la severa corrosión del oleoducto y sugirió que existió daño a la salud y la vida de las personas. No obstante, este comunicado no contuvo pruebas médicas y limitó el rango de los daños a los 3.5 kilómetros de la quebrada de Imayo, donde inicialmente estaban retenidos los barriles.
Según el apu de Temashnum, la indicación que dio Petroperú a los comuneros contratados fue limpiar hasta una comunidad ubicada a 30 minutos de la boca del río Chiriaco, bastante antes de Imacita, donde las imágenes y videos recogidos prueban que sí llegó el derrame.
17 de febrero. Se produjo un nuevo derrame en Pucará, Jaén, sobre el que Petroperú logró instaurar la versión de que se trató de una fuga producida durante una intervención. La intervención se realizó durante la noche, sin conocimiento de la población y sobre sembríos de arroz.
Hasta este momento, ninguna autoridad estatal había tomado pruebas de sangre, orina o algún otro tipo de evaluación clínica.
18 de febrero. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) impuso una multa de más de S/.12 millones a Petroperú por no haber adecuado sus instalaciones. Dos semanas después, el 4 de marzo, el OEFA inició un proceso administrativo por S/. 79 millones contra Petroperú por no haber generado un cronograma de acciones de mantenimiento del ducto, no haber cumplido con las labores de limpieza oportunamente y por reincidencia y daños a la vida o la salud.
25 de febrero. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se comprometió a supervisar la atención de los niños en Chiriaco, pero ninguna comunidad reportó haber recibido su visita.
1 de marzo. La empresa LAMOR, la misma que había dejado trazas de petróleo en Cuninico, intervino por encargo de Petroperú. Es cuestionable que Petroperú haya contratado a la empresa especializada en limpiar los cuerpos de agua recién un mes después de que ocurriera el primer derrame.
Se reduce la difusión mediática del derrame y las intervenciones sectoriales.
3 de marzo. La PCM declaró solo en algunas comunidades el Estado de Emergencia, 38 días después del primer derrame. La medida estuvo orientada a destrabar presupuesto para los equipos sectoriales. Sobre este punto, Lazo dijo que “el Estado de Emergencia no supuso cambio alguno en relación al abastecimiento de agua. Sin él, la planta de tratamiento tardó medio mes en llegar; con él se tardó el mismo tiempo en iniciar su funcionamiento”.
13 de marzo. Las indemnizaciones solo se otorgaron a familias mestizas. Se entregaron entre mil y 15 mil soles.
15 de marzo. Petroperú ofreció canastas con alimentos por segunda vez desde que ocurrieron los derrames. Estas fueron entregadas de forma limitada.
16 de marzo. Hasta esta fecha la planta portátil de tratamiento de agua aún no era utilizada.
9 de marzo. Hasta esta fecha no se entregó alimentos cruciales para la dieta de las comunidades de Wachapea, Umukai, Nazareth, Temashnum y Chipe. La única ración, calificada por Lazo de insuficiente, la otorgó Petroperú. Las familias empezaron a comer pescado del río sin que el Estado haya calificado el nivel de contaminación. En abril un comunicado de Sanipes señaló que el pescado no era apto para el consumo humano.
17 de abril. La agenda de recuperación de las aguas de Chiriaco está bastante avanzada. Los puntos más golpeados ya están libres de petróleo en la superficie, aunque éste se mantiene sedimentado.
26 de abril. Tras casi tres meses de los derrames en la cuenca del río Morona (Loreto), el Ministerio del Ambiente (Minam) publicó los monitoreos de la calidad de agua. La recomendación fue que los ciudadanos no consuman recursos hídricos ni peces de la zona afectada. El mismo resultado sugiere el muestreo de peces del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), tomado el 7 de febrero y 23 de marzo.
30 de abril. El informe de Defensa Civil probó que la magnitud del derrame fue mayor a la reportada. El informe señaló que el crudo recorrió un kilómetro hasta la quebrada de Imayo y el 9 de febrero ingresó a los ríos Chiriaco y Marañón. En total, 10 localidades fueron afectadas: Chiriaco, Chipe, Villa Hermosa, Imayo, Wachins, Nazareth, Pakún, Wachapea, Nuevo Progreso y Samarén (4696 personas). Hubo 243 personas heridas y 16 hectáreas de cobertura natural destruidas.
9 de junio. Petroperú pidió perdón a las comunidades indígenas amazónicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santiago de Chile e invitó a los comisionados a visitar la zona. Los comisionados exigieron la reparación integral de las víctimas.
"Con los derrames, las comunidades ya no pueden beber agua, lavar sus ropas, regar sus plantas o vender el pescado. Su subsistencia queda relegada al aporte que los propios responsables –es decir, las empresas petroleras– les den. (Foto: Rodrigo Lazo)."
Fuente: https://www.revistaideele.com/
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